Desclasificación 2009
Desclasificación 2009
El Ministerio de Relaciones Exteriores hace público con esta desclasificación una selección de documentos que comprenden comunicaciones diplomáticas emitidas durante la vigencia del terrorismo de Estado en nuestro país, referidas a Perú, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Honduras. Estos textos permiten conocer cómo se ejecutó la política del terrorismo de Estado, que incluyó acciones extraterritoriales.
La dictadura mantuvo una coordinada acción de monitoreo de las actividades de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en los países donde residían, como también de argentinos exiliados que efectuaban denuncias e instruyó a algunas embajadas a no dar curso a sus trámites y, si llegaban a presentarse, pedir su prisión preventiva.
Los documentos diplomáticos ponen de manifiesto el papel de las agregadurías militares, comisionadas para establecer contactos con sus contrapartes, coordinar apoyos y capacitaciones, intercambios de inteligencia y venta de armas con líneas de financiamiento del Banco Central. Cables referidos a Perú en 1980 muestran la atención de la Cancillería ante la revelación de un hecho de práctica extraterritorial, en la modalidad del Plan Cóndor, coordinada entre altos mandos de los ejércitos. Opositores argentinos a la dictadura residentes en Lima fueron secuestrados en junio de 1980.
Filtraciones a la prensa peruana denunciaron la complicidad militar local con el “grupo de tareas” llegado desde Buenos Aires. Los secuestrados, luego de ser torturados, fueron llevados a Bolivia donde desaparecieron. La Sra. Noemí Esther Gianotti de Molfino, Madre de Plaza de Mayo, integrante del grupo secuestrado, apareció envenenada en la habitación de un hotel de Madrid.
Luego del derrocamiento de Anastasio Somoza en Nicaragua, nuestra Embajada en Managua dio refugio a integrantes de la Guardia Nacional en fuga. Facilitó su traslado a Guatemala donde se incrementó la presencia militar argentina. En El Salvador los documentos revelan la relación de la dictadura con los principales personeros militares y organizadores de los escuadrones de la muerte.
En 1980 la dictadura argentina colaboró en la elaboración del golpe militar del General García Meza que derrocó al gobierno de Lidia Gueiler. Los cables de nuestra Embajada en La Paz informan sobre el viaje de militares argentinos con anterioridad al golpe. Consignan reuniones con los conspiradores que expresaban la intención de realizarlo “a la manera argentina”. Notas secretas revelan el pedido de la cúpula golpista a la dictadura argentina de detener o “absorber” a futuros detenidos.
La dictadura realizó un seguimiento a las denuncias internacionales sobre violaciones de derechos humanos en nuestro país.
En la Directiva Nº 1 "Difusión al Exterior”, enviada por cable a la embajada en El Salvador, se anunció la creación de la Dirección de Prensa y Difusión de la Cancillería para neutralizar “la intensa campaña internacional de desprestigio instrumentada por bandas terroristas”.
La dictadura mantuvo una coordinada acción de monitoreo de las actividades de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en los países donde residían, como también de argentinos exiliados que efectuaban denuncias e instruyó a algunas embajadas a no dar curso a sus trámites y, si llegaban a presentarse, pedir su prisión preventiva.
En 1979, con motivo de la visita al país de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, un documento secreto y de circulación restringida justificaba la guerra ideológica y describía la campaña planificada para desacreditar la “acción del oponente” y “los organismos y fuentes nacionales e internacionales” señalados como “blancos psicológicos”. Este documento estableció un cronograma de acción que incluyó pautas publicitarias en los medios de comunicación, expresiones de apoyo de asociaciones civiles, profesionales y políticas, de víctimas del terrorismo, como recomendaciones al periodismo sobre el tratamiento de la cuestión de los desaparecidos.